Arquitectura de un pelotazo

El juicio por el ‘caso Las Teresitas’

La playa de Las Teresitas protagoniza estos días un juicio que trata de determinar las responsabilidades penales de los responsables de una operación urbanística llena de presuntas irregularidades. El proceso, además, examina las escandalosas relaciones entre políticos y empresarios, en el que fue uno de los mayores pelotazos del ‘boom’ del ladrillo en España. Estas son todas las claves para entenderlo.

 

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Panorámica de la playa de Las Teresitas.

Por Daniel Millet

“Nunca hagan públicas estas cartas puesto que mi vida correría peligro. Ustedes desconocen la peligrosidad de lo que estoy haciendo”. Este es un extracto de uno de los escritos que un confidente anónimo envió entre los años 2006 y 2007 a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con “valiosos” datos sobre el caso Las Teresitas. Anticorrupción, con el apoyo de las unidades de Blanqueo de Capitales y Brigada Provincial de la Policía Nacional –algunos agentes venían de trabajar en el caso Malaya–, estaba en plena investigación de la operación urbanística de la playa cuando recibió estas cartas. La fiscal y los agentes nunca supieron quién era pero lo que sí aseguraron en sus informes oficiales es que esta persona dio datos claves, por ejemplo, para hallar el 28 de abril de 2007 más de 72.000 documentos “muy importantes” para la causa en un piso de la calle Villalba Hervás, en Santa Cruz de Tenerife, que tenía la familia del empresario Ignacio González, presidente entonces de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña.

Es uno de los episodios más novelescos del caso Las Teresitas –el confidente llega a escribir a la fiscal que iba “por el buen camino” tras la operación en el piso de los González– pero no el único. Las investigaciones revelaron que Miguel Zerolo vivió durante meses sin hacer movimientos con su tarjeta bancaria o que ganó 57.877 euros gracias a dos premios de lotería seguidos: el quinto premio con diez décimos de la Lotería de Navidad de 2000 y la pedrea del Sorteo del Niño celebrada dos semanas después con 135 décimos. Incluso hay sexo en el enciclopédico sumario. La magistrada Carla Bellini, que llevó la instrucción cuando el caso estaba en manos del TSJC –y no en los juzgados de instrucción por el aforamiento de Zerolo, el principal imputado– ordenó grabar un vis a vis que mantuvo uno de los empleados de Ignacio González –que fue imputado e investigado pero luego absuelto– con una amiga en la cárcel de Tenerife II. La mujer había sido detenida y enviada a prisión preventiva por un delito de tráfico de drogas y la magistrada pensaba que en su encuentro con el empleado de los González, éste podía sincerarse y revelar datos. No reveló nada la grabación. Solo se oía amor. Pero lo que había quedado claro es que el anónimo manejaba muy buena información.

Ínsula Viable y la operación ‘Malvasía’

La investigación del caso Las Teresitas se abre cuando la Fiscalía acepta el escrito que le presentan el 30 de junio de 2005 los integrantes del colectivo Ínsula Viable, liderado por los socialistas Santiago Pérez y José Ángel Martín Bethencourt. Este colectivo social había sido en realidad creado expresamente para elevar esta denuncia al margen del partido. Los concejales socialistas de Santa Cruz habían estado de acuerdo con la operación e incluso uno, Emilio Fresco, había tenido una participación directa en las negociaciones con los empresarios.

La llamada por la Policía como operación Malvasía comienza cuatro años después de que se produce la operación que centra las presuntas irregularidades, la compra por parte del Ayuntamiento de 11 parcelas del frente de la playa de Las Teresitas a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia con 52,2 millones de euros públicos. A pesar del tiempo transcurrido, desde el principio la Fiscalía y la Policía intentan averiguar si los responsables políticos de la operación recibieron comisiones a cambio de un favor a los empresarios. Consideraban que era difícil que en una maniobra de tal envergadura y con semejantes beneficios, los políticos no se hubieran llevado una mordida.

Se pincharon los teléfonos de la mayoría de los principales implicados y sus entornos -que destaparon las relaciones entre determinados sectores políticos, económicos y periodísticos-, se estudiaron a fondo sus cuentas bancarias y sus patrimonios, incluso se les hicieron seguimientos por la Isla, se intervino en el piso mencionado de Villalba Hervás, se realizó un amplio rastreo de movimientos de capitales en 20 países distintos     –incluidos paraísos fiscales– y se analizó abundante documentación. Pero no sirvió de nada. La Fiscalía fue retirando las acusaciones de cohecho (recibir dinero a cambio de adoptar decisiones contrarias a la ley) al no hallar indicios sólidos del delito. Ninguno de los numerosos informes y pinchazos telefónicos tuvieron relevancia final en el proceso penal, pese a que algunos resultaran reveladores.

Sin embargo, la fiscal anticorrupción que llevó el proceso, María Farnés Martínez Frigola, tenía un amplio material para la imputación penal. Farnés se quedó con la esencia de la operación, es decir, con todo el proceso administrativo, y basó en él su escrito de acusación, por el que pide 60 años de cárcel en total para los 13 procesados.

Diez años después del comienzo de la investigación judicial y 15 después de la compraventa de los lotes de la playa, la Justicia ha sentado en el banquillo a estas 13 personas. En resumen, Farnés defiende que existen suficientes pruebas para demostrar que los políticos y los funcionarios –con Miguel Zerolo a la cabeza– tramaron y llevaron a cabo un plan para beneficiar a los empresarios –Ignacio González y Antonio Plasencia– y comprarles unos lotes de terrenos con dinero público de los que una parte importante eran hacía muchos años del mismo Ayuntamiento y otra, de dominio público. Los políticos alegaron que la compra era indispensable para preservar el uso público de Las Teresitas y evitar que se construyeran hoteles en la parte trasera de la playa. La fiscal, sin embargo, asegura que obraron aún a sabiendas de que parte de ese suelo era municipal o estatal y, por tanto, no se podía construir en él ni comprar, aún sabiendo que la moratoria turística impedía también levantar hoteles en ese suelo y aún conociendo las múltiples irregularidades del proceso administrativo en el que, siempre según Farnés Frigola, el Ayuntamiento no defendió los intereses de los ciudadanos, como era preceptivo, sino los privados.

Una enorme cantidad de datos y contradicciones

Esto es de forma resumida lo que se juzga desde el pasado viernes, día 9 de septiembre, en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Pero el caso es muchísimo más complejo de lo que parece y va mucha más allá de la compra de los solares. Lo expresó de forma muy gráfica el propio Miguel Zerolo en una de sus declaraciones ante el TSJC en calidad de imputado, vídeo que está colgado, junto con las comparecencias de otros imputados en el portal de YouTube: “Es tal el volumen de datos, informes y contradicciones entre ellos, desde el año 63 hasta la actualidad, que si le soy franco no sé si la fiscal tiene razón o no en sus argumentaciones”.

Fue una expresión no muy favorable para su defensa pero con la que realmente lo que quería Zerolo era enfatizar la enormidad del proceso: múltiples cambios en el convenio de urbanización, problemas internos entre los propietarios desde que se creó la Junta de Compensación, tres sentencias judiciales, una causa civil que se desarrolla paralelamente a la penal, varias piezas judiciales separadas, un sumario de más de 150.000 documentos, dos testigos protegidos, el confidente anónimo, problemas con el deslinde de Costas, retrasos por el aforamiento de Zerolo –primero por ser diputado regional y después por ser senador por designación de la Comunidad Autónoma–, graves conflictos internos de algunos partidos –principalmente el PSOE–, un crédito puesto en duda por el Banco de España…

Aunque a Miguel Zerolo se le escapó en la declaración aquello de que “… si le soy franco no sé si la fiscal tiene razón o no en sus argumentaciones”, el exalcalde en realidad siempre mantuvo que la fiscal no tenía razón y que todo era legal y se hizo en base a los informes técnicos. Muchas veces se quejó de que “un asunto puramente administrativo” fuera llevado a lo penal y culpó de ello a un sector de los socialistas, encabezados por Santiago Pérez, porque según él querían sacar rédito electoral del escándalo. “Volvería a hacer lo mismo, es decir, comprar los terrenos de la playa a los empresarios, una y mil veces si con ello evito que se construyan allí hoteles y que Las Teresitas deje de ser del pueblo de Santa Cruz”. Fue el principal argumento de Zerolo y los que como él defendieron la operación. Y todos en el fondo coincidían y coinciden hoy, incluso los principales detractores de esta decisión, en que la playa debía seguir perteneciendo a los chicharreros. Pero, ¿por qué el Ayuntamiento iba a gastarse tanto dinero en unos terrenos cuando una parte ya eran suyos? ¿No era la excusa perfecta para convencer a los ciudadanos mientras se cometían presuntamente múltiples irregularidades? ¿Por qué el resultado final fueron unos beneficios millonarios para unos empresarios que compraron los terrenos por 33,7 millones de euros y, sin mover un ladrillo, los vendieron al Ayuntamiento poco después por 52,2 millones de euros, más los 92 millones que obtuvieron de la venta de los solares de Las Huertas?

La conclusión del escrito de acusación de la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez hace incluso un cálculo del dinero público que perdió el Ayuntamiento en todo este galimatías: “Los acusados, con su comportamiento arbitrario y al margen de los procedimientos reglados, y con su postura antieconómica e irracional en la fijación del precio pagado por los terrenos, propiciaron un lucro a Inversiones Las Teresitas -ILT, la empresa montada por González y Plasencia- a costa de un perjuicio a las arcas municipales y, en definitiva, al Pueblo de Santa Cruz de 38.486.495,26 euros”.

Si una cosa está clara es que para poder entender por qué se ha llegado al juicio y qué se juzga exactamente hoy es imprescindible hacer un recorrido por todos los hechos, desde los años 60 del siglo pasado hasta la actualidad. Para hacerlo, este artículo se basa en el escrito de acusación de la Fiscalía, en informes oficiales que obran en la causa y en la hemeroteca. Esta es la arquitectura del caso Las Teresitas:

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Las Teresitas en los años 60.

La transformación de una playa de arena negra

A principios de los 60, los aproximadamente 1,5 kilómetros de la playa de San Andrés estaban formados por bancos de arena negra, callaos y fincas en la parte trasera. Era una playa grande pero incómoda y peligrosa, sin apenas arena en la orilla y en la que el mar golpeaba con bravura. Tampoco había accesos urbanizados ni servicios aunque sí existían dos construcciones: una casa pequeña y un palacete situado al final de la playa, donde hoy solo quedan dos inmensos laureles de indias. El caserón, con amplios jardines y arrinconado en el acantilado, pasó a pertenecer en esos comienzos de los 60 a los alemanes Diana y Karl, duques de Wurtemberg, que pasaron allí periodos de descanso. Lo habían comprado a una familia local.

No había más, si bien cada vez en mayor número los chicharreros acudían a ella para pasar una jornada de descanso, sobre todo desde que se instaló un quiosco de madera al principio de la playa. Vendía sardinas fritas compradas a los pescadores de San Andrés. Se parece tan poco a la actual que ni siquiera se llamaba Las Teresitas. Tenía exactamente tres nombres, uno para cada una de las partes en que se había dividido popularmente: la primera y más próxima a San Andrés era conocida como Tras la Arena, donde los vecinos solían bañarse y organizar merendolas al atardecer; la segunda, Los Moros, en medio y que tomaba su nombre de un grupo de marroquíes que se asentaron en la zona; y la tercera estaba en la desembocadura del Barranco de Las Teresas. Del nombre de ese barranco se cree que tomó la playa su denominación actual.

La Junta de Compensación: un mal comienzo

Los responsables del Ayuntamiento capitalino ya llevaban tiempo intentando convertir esa zona en la playa urbana de Santa Cruz. La apuesta era obvia: se trataba de la más grande y la mejor situada de todo el municipio, al encontrarse a solo siete kilómetros de la ciudad. Además, las otras calas que había entre esta playa y la ciudad –como las de Ruiz, San Antonio y Los Melones– habían ido desapareciendo con el desarrollo del Puerto. Los primeros proyectos para hacerla artificial y protegerla con un rompeolas datan de 1953 pero no prosperan. Hasta que llega 1961, el año en que empieza todo. El Ministerio de la Vivienda del franquismo aprueba el Plan de Ordenación del barrio de San Andrés y su costa el 27 de julio de 1961. Los ingenieros Pompeyo Alonso y Miguel Pintor diseñan la nueva playa en un proyecto que quedó aprobado por el Ayuntamiento en junio de 1965. Dos años más tarde, una orden ministerial autoriza las obras, que constan de la colocación de arena amarilla traída del Sáhara Occidental y la construcción de un dique.

Para desarrollar la urbanización era imprescindible que las decenas de propietarios de unos terrenos muy atomizados conformaran una Junta de Compensación, un sistema de actuación en el que la mayoría de los dueños de una misma zona se une para convertir todos esos pequeños solares en un único lote y con una única representación. El espacio estaba sin ordenar. Se trataba de terrenos rústicos, dedicados a la agricultura. El proceso, no obstante, empieza mal. La Junta de Compensación de Las Teresitas se constituye el 19 de abril de 1964 con la asistencia del 60% de los propietarios de las zonas denominadas Tras la Arena (la playa), Montaña Morera, Valle de Las Huertas y Ladera de Las Huertas (estas tres en la parte trasera de la playa). Gran parte del otro 40% no comparece por estar en desacuerdo con el desarrollo urbanístico de la playa. Son vecinos que no tienen más ambición que la de seguir residiendo en sus casas y que todo siga igual.

El proceso sigue adelante y en 1967, cuando se ha dado el visto bueno a la colocación de la arena rubia y a la construcción del rompeolas, la Junta logra que Las Teresitas sea declarada Centro de Interés Turístico Nacional. Para llevar a cabo las obras faltaba principalmente el convenio entre la Junta de Compensación y el Consistorio con el que delimitar la ordenación. La Dirección General de Promoción de Turismo lo advierte a ambas partes y estas por fin llegan a un acuerdo el 21 de agosto de 1967. Es el primer convenio y un documento clave en todo el proceso posterior, sobre todo para la Fiscalía. ¿Por qué? En virtud de este documento, la Junta, como pago de los 50 millones de pesetas (300.120 euros) que le corresponden como aportación a las obras de urbanización de la playa, cede al Ayuntamiento la parte del lote que bordea la playa, un total de 63.700 metros cuadrados. En esta superficie están incluidos los metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre –es decir, los 100 metros de la orilla de la playa, en los que no se puede construir al ser de titularidad del Estado– y el resto se destinaría a edificación –con el volumen que le correspondiera según el Plan General de Ordenación de Santa Cruz– y a espacios y dotaciones públicas.

En ese convenio hay una cláusula que da derecho a los propietarios a recuperar parte de esos terrenos –los que no son de dominio público– solo si a partir del inicio de las obras     –los trabajos empiezan en 1968 con la construcción del rompeolas– y en el plazo de dos años pagan al Ayuntamiento esos 300.120 euros mencionados. La Junta pagó 234.000 euros (39 millones de pesetas) en tres entregas (el 26 de enero de 1970, el 18 de mayo de 1970 y el 20 de enero de 1971) pero deja pendientes 66.000 euros (11 millones de pesetas). Según el escrito de acusación de Anticorrupción, los terrenos pasan automáticamente a ser del Ayuntamiento y son inscritos en el Inventario de Bienes Inmuebles de titularidad municipal el 31 de diciembre de 1967 con el número de archivo AB 7/7, “sin que hasta la fecha hayan causado baja en dicho inventario”.

El 15 de junio de 1973, los chicharreros estrenan la nueva playa de Las Teresitas. Para ello se trajeron cinco millones de sacos de arena rubia a bordo del barco Gopegui, de la compañía Fosfatos de Bucraa, desde el Sáhara Occidental. La playa cambia de fisonomía: la arena ocupa mucho más espacio en la orilla y la parte trasera se reduce.

El convenio se ve sometido a varios cambios –en 1970 se revisa el Plan Parcial de Ordenación de Las Teresitas con un plazo de ejecución de 9 años, en 1973 se formaliza un nuevo convenio que obliga a modificar ese Plan Parcial pero que no llega a materializarse y en 1986 se firma otro convenio que renuncia a la declaración de Centro de Interés Turístico Nacional– pero ninguna de esas modificaciones altera la cesión de los solares al Consistorio, punto fundamental en la resolución del juicio.

El convenio de 1986 reduce la edificabilidad prevista en el de 1970 –pasa de un volumen de 2.496.880 metros cúbicos a 1.500.000 edificables–, establece que la Junta salde en un año los 66.000 euros que tiene pendiente como aportación a las obras de regeneración –“dicho pago no se ha realizado hasta el día de la fecha, a pesar de habérsele efectuado varios requerimientos a la Junta de Compensación”– y establece un nuevo régimen de cesiones al Ayuntamiento santacrucero, que anula la incumplida cláusula anterior de derecho de recompra: la Junta pierde definitivamente todo derecho a recuperar el frente de playa al comprometerse a ceder gratuitamente esos 63.700 metros cuadrados y los accesos más 560.000 metros cuadrados, declarados como espacios de rehabilitación paisajística.

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Panorámica de Las Teresitas.

Un paraíso de arena amarilla y aguas tranquilas

Santa Cruz había logrado por fin ordenar Las Teresitas, había convertido aquella playa antipática en un paraíso de arena amarilla y aguas tranquilas, había establecido las líneas generales de la gestión de los terrenos pero faltaba establecer el proyecto de compensación, es decir, la parte que podía explotar la Junta para rentabilizar la operación. Así es como se ordenan los planes parciales que afectan a grandes áreas: los dueños deben aportar dinero y terrenos al Ayuntamiento a cambio de que éste les deje explotar una parte.

El Proyecto de Compensación Playa de Las Teresitas lo aprueba definitivamente el pleno del Ayuntamiento el 23 de mayo de 1989. El acuerdo establece los lotes que podrá explotar la Junta, 101 parcelas con un total de 303.076 metros cuadrados edificables. Se excluye una finca, la número 36, de 17.330 metros cuadrados, en la que se encuentra una batería militar abandonada. Y se elimina del lote total porque es de dominio público –es decir, estatal– y aunque el Ministerio de Defensa la desafecta el 11 de octubre de 1988, la Junta de Compensación, siempre según el escrito de acusación, no promueve el expediente expropiatorio, con lo que “dicha parcela sigue siendo propiedad del Estado”.

Todo parece normal. Sin embargo, hay un grave problema: en esas 101 fincas se incluyen 9 de las que habían sido cedidas al Ayuntamiento en 1967 y que en teoría no podrían ser explotadas por la Junta. Son las parcelas 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111. Es un problema al se suma otro: el Estado y el PSOE recurren esta revisión del plan parcial ante la Justicia. A raíz de este episodio se produce la primera de las tres sentencias que han marcado este complejísimo caso. Porque el proceso judicial que comenzó el pasado viernes 9 de septiembre no es el primero, ni muchos menos. Ya la Justicia se ha pronunciado, y contundentemente, como se verá.

El 7 de enero de 1992, el Ayuntamiento aprueba el nuevo Plan General de Ordenación pero deja en suspenso el Plan Parcial de Las Teresitas como consecuencia del recurso estatal y socialista. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias decide solo tres meses después, en una sentencia del 11 de marzo de 1992, anular la revisión del Plan Parcial. Por lo tanto, ambas decisiones paralizan el desarrollo del convenio. No se puede tocar ninguna piedra en esas 101 parcelas en tanto no se resuelvan los recursos a la sentencia del TSJC.

Entonces llega el verano de 1998. Algunos de los capítulos más sorprendentes y trascendentales del caso Las Teresitas se producen en ese periodo. Además, tal y como se desataron los acontecimientos, los investigadores judiciales y policiales se preguntaron después, cuando examinan toda la documentación, si esas 9 parcelas que en realidad habían sido cedidas al Ayuntamiento se incluyeron adrede en ese momento en el paquete a explotar por los propietarios. ¿El plan se había trazado antes o todo surgió de forma espontánea? La fiscal anticorrupción apuesta porque hubo un grado alto de planificación.  El pelotazo tenía mapa.

El crédito de CajaCanarias y la compra de terrenos

La paralización del Plan Parcial había supuesto la congelación de los activos del suelo. Mientras no hubiera otro pronunciamiento judicial, aquellos terrenos no valían para nada. Estaban suspendidos por una sentencia y por el PGO. Entonces ocurren una serie de hechos extraordinarios: sólo tres días antes de que el Tribunal Supremo comunicara la sentencia por la que desbloqueaba el Plan Parcial –los terrenos volvían a tener valor de repente–, los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia compran las 101 fincas a la Junta de Compensación por alrededor de 33.2 millones de euros (5.500 millones de pesetas) y pasan a controlarla. Todo se hizo a toda prisa. En apenas unas horas, González (presidente de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña) y Plasencia (presidente de la federación provincial de los constructores) constituyen la empresa Inversiones Las Teresitas –inscrita al principio a nombre de un empleado de Ignacio González con un capital de 90.000 euros–, logran un crédito de CajaCanarias de nada menos que 33,7 millones de euros y el mismo día, el 28 de junio de 1998, compran los terrenos.

 

Las características de la concesión de ese crédito son para la fiscalía un reflejo de cómo se desarrolló la operación. El crédito es solicitado cuando González y Plasencia no son todavía oficialmente titulares de ILT, lo aprueba un consejo de administración en el que estaban el propio Miguel Zerolo e Ignacio González –directamente vinculados a la operación-, lo hace en una reunión extraordinaria –la segunda en más de cinco años- y el aval son los terrenos que se iban a adquirir, unas condiciones insólitas para un crédito hipotecario de semejante magnitud económica. Además, uno de los consejeros de la entidad bancaria entonces, el empresario Amid Achi, declaró een el juicio que recibió duras presiones del consejero socialista, Nicolás Álvarez, para que al menos se abstuviera y permitiera que se concediera el crédito bajo amenaza de que de no ser así, sus empresas se iban a empezar a encontrar con problemas. “Fue una operación descarada. Nada de lo que ocurrió esos días fue normal”, reveló Achi, que precisó que primero se opuso al crédito y luego se abstuvo para no sufrir represalias.

Amid Achi también desveló en su declaración que CajaCanarias no solo fue reprendida por el Banco de España por aceptar ese crédito, sino que fue “sancionada”, aunque no aclaró con qué cantidad. El Banco de España cuestionó en un acta de inspección del 3 de febrero de 2000 la aceptación del préstamo de 33,7 millones de euros. Denunció que no había una valoración “razonable” del proyecto y que la tasación de Tinsa SA era “una mera estimación”: no estaba fechada, no se había hecho ninguna comprobación urbanística, incurría en error en los metros cuadrados edificables, solo se basaba en la estimación de los solicitantes… A la fiscal le sorprendió, además, que Zerolo no formulara ninguna objeción como consejero de CajaCanarias en representación del Ayuntamiento cuando se contemplaban terrenos que ya eran de titularidad municipal, algo que en teoría debía saber o habría podido comprobar simplemente acudiendo al inventario patrimonial y al expediente.

CajaCanarias aprueba el crédito, los empresarios compran las 101 parcelas, apenas tres días después el Tribunal Supremo acaba con la suspensión del Plan Parcial y la inclusión de 9 parcelas en la superficie a explotar por ILT –aún cuando eran municipales– termina de poner la situación muy a favor de los empresarios. Así es como surge la considerada por los investigadores como la “excusa perfecta”, una justificación que veían cargada de tergiversaciones. El Ayuntamiento advierte de que los empresarios pueden construir en la playa, la población se alarma porque se va a privatizar un espacio que era de todos, aparecen gráficos con enormes hoteles en la trasera… Se desata una tormenta política y ciudadana y se propone una única solución: el Ayuntamiento debe comprar a los empresarios las parcelas del frente de playa para evitar que se levanten hoteles.

En medio de este clima de tensión y con el Gobierno municipal volcado en la defensa de “una playa para todos”, la fiscal expone que Zerolo y su concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, “llegan a un acuerdo con los administradores y representantes de Inversiones Las Teresitas –Ignacio González, Antonio Plasencia y los hijos de ambos, Pedro González y Carlos Plasencia– con el fin de evitar, por un lado, la construcción en las parcelas del frente de playa y, por otro, garantizar que ILT obtenga los beneficios esperados cuando efectuó la compra de las parcelas”. Farnés asocia las decisiones posteriores a la ejecución de un plan, algo que los imputados han negado, escudándose principalmente “en que era la mejor opción para Santa Cruz”, en que esos terrenos no eran del Ayuntamiento y en que todo se hizo “conforme a los informes municipales y la información de la que se disponía en ese momento”.

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Varias infografías del proyecto de Dominique Perrault para Las Teresitas.

La excusa perfecta: la playa debe ser de los chicharreros

El 27 de octubre de 1999, Miguel Zerolo dicta un decreto que prohíbe iniciar obra alguna en el frente de playa hasta que se resuelva un concurso de ideas sobre la urbanización de la misma. ILT corre con los gastos del concurso y coloca como sus dos representantes en el jurado a Jerónimo Delgado y Mauricio Hayek, presidente y representante de la Junta. El 18 de septiembre de 2000 se da a conocer el proyecto ganador. Es el del prestigioso arquitecto Dominique Perrault, en el que aparecen sin construir las parcelas del frente de Las Teresitas. Aquí es donde se produce el primer ofrecimiento oficial por parte de la Junta, controlada por ILT, de vender esas parcelas al Ayuntamiento como solución para que definitivamente no se pueda construir. Lo comunica Jerónimo Delgado, por orden de González y Plasencia, en un escrito en el que alega que el concurso no es vinculante y que el proyecto no es viable económicamente. A Farnés le llama la atención que dé estas justificaciones cuando la propia Junta había votado a favor de la propuesta de Perrault.

1999 es año electoral. El 13 de junio se celebran elecciones municipales y Las Teresitas acapara el debate. Miguel Zerolo, de hecho, que repite como candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, basa gran parte de la campaña en Las Teresitas. Arrasa en los comicios, dándole la mayoría absoluta a Coalición Canaria con 18 concejales, por 5 del PP y 4 del PSOE. Reforzados por las urnas, entendiendo que cuentan con el apoyo de la ciudadanía, Zerolo y Parejo pactan de forma general un nuevo escenario con ILT en el que se eliminan los usos hoteleros del frente de playa a cambio de “una reasignación de aprovechamientos” para compensar a los empresarios. Aquí es cuando llega el primer visto bueno polémico del pleno del Ayuntamiento, el dado a este acuerdo el 19 de enero de 2001, y dos decisiones posteriores que se constituyen posiblemente en los dos momentos cumbres del proceso. En ese contexto, CC convence a PSOE y PP para que respalden esta fórmula pero la actitud de los cuatro concejales del PSOE (José Emilio Fresco –el único acusado en el juicio-, José Luis Martín, Herminia Gil y Ana Patricia Cruz) comienza a provocar recelos internos que se recrudecerían muy poco después.

La Junta de Compensación, que sigue siendo un instrumento de ILT, envía una oferta formal al Consistorio: propone que el Ayuntamiento le compre no nueve sino 11 parcelas del frente e incluya la recalificación de algunos lotes de terrenos, sobre todo los de Las Huertas. Esta propuesta constituía una modificación unilateral del último acuerdo plenario, según afirma categóricamente la fiscal, pues en este solo se contempla la recalificación de terrenos para que ILT los pueda edificar y explotar, sin gasto alguno para el Ayuntamiento. La posibilidad de una compra con dinero público no figura en ese acuerdo.

Los intereses del crédito y las prisas por cerrarlo todo

Las prisas con las que otra vez se quiso resolver todo generan sospechas. María Farnés también tiene una explicación para ello: González y Plasencia estaban pagando 1,8 millones de euros al año en intereses por el crédito de CajaCanarias, aparte de 4,8 millones de amortización. Cuanto más pronto se cerrara la operación de compraventa, menos dinero perdían. De esta manera, nada más cerrarse ese enésimo acuerdo, al margen del pleno según la fiscal, Miguel Zerolo pasa el expediente a Manuel Parejo y este a su vez a Víctor Reyes, secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo y acusado en la causa, para que ponga en marcha la maquinaria que formalice la compra de las 11 parcelas. Además, Zerolo y Parejo cuentan con el apoyo de los portavoces de la oposición, que han participado en las negociaciones entre Ayuntamiento y empresarios: José Emilio García Gómez por el PP y Emilio Fresco por el PSOE.

Lo que no se había resuelto en 37 años se logró en siete meses, el tiempo que transcurre desde que, el 19 de enero de 2001, el Ayuntamiento encarga las primeras tasaciones de los terrenos, hasta que, el 17 de septiembre del mismo año, entrega el dinero a los empresarios. Primero encarga dos tasaciones privadas, que no le satisfacen. El departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid calcula que las 11 parcelas del frente de playa valen 6,6 millones de euros y el Gabinete de Tasaciones Inmobiliarias SA, 17 millones. Luego encarga una tercera tasación a la arquitecta municipal Pía Oramas, quien eleva el valor a los 19,2 millones. Pero Oramas introduce en el informe unos elementos que terminan convirtiéndolo en vital para el caso. Es el más pormenorizado de todos y lanza un serio aviso a los responsables de la operación.

El informe Oramas hace estas advertencias: “El terreno que pretende adquirir el Ayuntamiento es suelo urbano no consolidado”, “no se ha completado el desarrollo del planeamiento”, “no se han elaborado los proyectos de urbanización de la totalidad de las fases previstas”, “no se han tenido en cuenta los terrenos de cesión obligatoria y gratuita previsto en el Plan Parcial”, “no se han cedido los terrenos correspondientes al 10% del aprovechamiento urbanístico”, “no se han tenido en cuenta las parcelas afectadas por el dominio público marítimo terrestre”…

Oramas mantiene su criterio pese a las fuertes presiones que manifestó haber sufrido en su testificación ante el TSJC. Su situación se hace insostenible y termina pidiendo traslado a otra administración para seguir ejerciendo como arquitecta y experta en urbanismo. El Gobierno municipal decide entonces encargar un informe más, de nuevo externo, algo anormal en este tipo de expedientes. La Sociedad de Tasación SA sube el valor a los 46,8 millones. Pero pide un quinto. Parece que el valor no es todavía suficiente. “Lo solicita a Rodolfo Núñez, en ese momento presidente de CajaCanarias, entidad que le había dado el crédito a ILT”, escribe la fiscal en el escrito de acusación, para añadir: “Rodolfo Núñez se limita a remitir la copia de un informe exactamente igual al encargado por la Junta de Compensación a Tasaciones Inmobiliarias SA”. Y ya no solo lo avaló una persona directamente relacionada con la operación y que aportó  la copia de un estudio realizado por la principal parte interesada, sino que, además, tal y como matiza Farnés, contiene unas premisas de valoración establecidas por un arquitecto “al servicio del grupo empresarial de Antonio Plasencia y la propia Inversiones Las Teresitas”.

Rodolfo Núñez y el increíble ‘informe Tinsa’

El informe Tinsa establece el precio más alto: 62,4 millones de euros. Con las cinco tasaciones sobre la mesa, con una diferencia entre la más alta y la más baja de nada menos que 58 millones de euros, Zerolo y Parejo convocan a González y Plasencia para cerrar el precio. El Ayuntamiento comprará las 11 parcelas por 52,2 millones de euros (8.750 millones de pesetas), 36,6 millones más que lo propuesto por la arquitecta municipal, así como permitirá a los empresarios construir en el Valle de Las Huertas, una compensación que no había sido establecida en los acuerdos previos y que, como otras condiciones, se establece de forma unilateral. También se decide que la urbanización del frente de playa se haga en arreglo al proyecto de Dominique Perrault y que la parcela 103, que en ese momento según la fiscal es estatal al haber albergado una infraestructura militar, pase a manos municipales. Hoy en día todavía sigue sin ser explotada, por lo que no ha dado al Consistorio los beneficios que se supone que iba a reportar para compensar el enorme gasto de esta compra de los terrenos.

El tiempo apremia. Cada día que pasa le cuesta a los empresarios 5.000 euros en intereses del crédito. Zerolo y Parejo ordenan entonces a los funcionarios salvar la maraña burocrática para dar validez al nuevo convenio lo antes posible. Incluso, los empresarios y sus hijos participan en algunas de estas gestiones. Pedro González y Carlos Plasencia se reúnen, por ejemplo, con Eugenio de Zárate, secretario general del Ayuntamiento, para que este dé conformidad a un convenio que la fiscal considera completamente irregular.

Los informes favorables de los funcionarios acusados se suceden, si bien la forma en que están hechos algunos deja entrever que sus propios autores son conscientes de que tienen difícil –por no decir imposible– encaje legal. La legislación urbanística de Canarias distingue dos tipos de convenio: el de Gestión y el de Planeamiento. Pero José Luis Roca, interventor delegado de Urbanismo, y Antonio Messia, interventor general del Ayuntamiento, se sacan de la manga una nueva denominación: “convenio atípico”. Incluso la fiscal recoge en su escrito que ambos, pese a dar un dictamen favorable, admiten que la tasación que debía haberse tenido en cuenta era la de su compañera, la arquitecta municipal Pía Oramas, que ya no solo se ningunea sino que es eliminada del expediente. En otro informe favorable, hasta aparecen mencionados los terrenos que habían sido cedidos al Ayuntamiento por la Junta, los mismos que forman parte de este paquete que va a volver a comprar el Ayuntamiento.

El pleno más caro y polémico de la historia

Llega el momento del pleno más polémico -y posiblemente el que ha costado más caro- de la historia del Ayuntamiento de Santa Cruz. El 23 de julio de 2001, los concejales de CC, PSOE y PP aprueban por unanimidad la compra de los terrenos por 52,2 millones, además de las otras condiciones que habían pactado el alcalde, el concejal de Urbanismo y los ediles de la oposición Emilio Fresco y José Emilio García Gómez con los empresarios. Sólo se ausentó de ese pleno la edil del PP Maribel Oñate, precisamente para evitar estar en esa votación por ciertas dudas que tenía sobre cómo se hizo el proceso. El Gobierno municipal tiene que introducir modificaciones presupuestarias y pedir créditos extraordinarios para cumplir con las condiciones, lo que va en perjuicio de su estabilidad económica. La firma definitiva del convenio se produce el 18 de septiembre de 2001. El Ayuntamiento paga en ese mismo momento 34, 1 millones a ILT y el resto, en los seis meses siguientes a la firma de la escritura. El interventor de Urbanismo da conformidad al primer cheque “sin incoar un expediente de gasto debidamente justificado”, deplora Farnés. Con este dinero, los empresarios saldan el crédito y dejan de pagar intereses.

Ignacio González y Antonio Plasencia acaban de cerrar una operación redonda en pleno boom del ladrillo en España. Pagan 33,7 millones de euros por 101 parcelas de Las Teresitas, venden 11 del frente de playa al Ayuntamiento por 52,2 millones de euros y consiguen otros 92,2 millones al vender las siete parcelas de Las Huertas, que el Ayuntamiento había recalificado de uso hotelero a residencial, a Desarrollos Urbanos Cic. El saldo favorable es de 110 millones sin mover un solo camión de cemento.

Hoy se puede decir abiertamente que esa operación, que juzga por la vía penal la Audiencia Provincial, fue ilegal. Porque el caso Las Teresitas iba a seguir deparando noticias y posiblemente lo seguirá haciendo por mucho tiempo más. Y se puede decir que es ilegal exactamente desde el 3 de mayo de 2007. La Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción había presentado un recurso administrativo ante el Tribunal Supremo al considerar ilegal la compraventa y el convenio. Ese día que el Supremo ratificó que el proceso era “contrario al ordenamiento jurídico” se tambalearon totalmente los cimientos del poder en Tenerife. La sentencia del Supremo fue, además, contundente: tres tasaciones no tenían justificación ni concreción, la de la arquitecta municipal no había sido tenido en cuenta, la última había sido encargada a una personada “relacionada e interesada” en la operación    –Rodolfo Núñez, presidente de CajaCanarias– y no había justificación del elevado precio pagado, que sólo había favorecido a los empresarios. Esto es lo que se juzga estos días en la Audiencia Provincial y las consecuencias que se derivan de todas estas actuaciones.

Por el camino quedaron propietarios de San Andrés que se sintieron estafados –algunos siguen pleiteando en la Justicia para defender sus derechos–, fincas que están inscritas a nombre de una persona y al mismo tiempo de ILT, personas que trabajaron para las dos partes –en una pieza separada se juzgará en las próximas semanas al abogado Mauricio Hayek y otros representantes de la Junta de Compensación por apropiación indebida de fincas y falsificación de documentos públicos y privados–, una edil del PSOE que votó a favor de la operación -Herminia Gil– y que tras ser expulsada del partido pasó a ser contratada por Zerolo como asesora, tomos y tomos decisivos reunidos bajo llave en el despacho de uno de los funcionarios acusados, el proyecto de Perrault tirado a la basura y, lo peor, una playa paralizada y sin urbanizar. Para colmo está lo ocurrido con el edificio de aparcamientos de San Andrés, el conocido como mamotreto, que va a tener que ser demolido por sentencia judicial –que condenó a tres años de cárcel a uno de los acusados de Las Teresitas, Manuel Parejo– aún cuando el Ayuntamiento tiene previsto poner en ese mismo sitio un parking.

Lo que vino después de este tinglado, efectivamente, fue un desastre tras otro. Además de lo comentado, la urbanización privada de Las Huertas está paralizada -en parte también por investigaciones judiciales por las denuncias de los propietarios-, el equipo de fútbol de San Andrés -que tenía su campo donde hoy está el mamotreto- se siente también engañado y recibió un nuevo terreno de juego con múltiples problemas de seguridad y deficiencias en los accesos- y los chiringuitos de toda la vida han recibido un ultimátum para cerrar su actividad por carecer de todos los permisos y las licencias exigidas por ley. Lo llamativo es que han estado así, incumpliendo además las normas de saneamiento, higiene y seguridad sanitaria, desde que abrieron, la mayoría hace más de 40 años.

Por lo menos algo se ha movido. El pasado 25 de julio, José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, presentaba el proyecto del nuevo Plan Especial de Las Teresitas. Todavía falta un largo recorrido y el proyecto tendrá que esperar al menos un mandato. Pero lo cierto es que tras un periodo de consultas ciudadanas y arduo trabajo de los técnicos, ya hay bocetos de lo que será esa playa de Las Teresitas que tanto han soñado los chicharreros: una zona con un paseo peatonal, luz, agua, servicios a la altura de la playa urbana de una gran ciudad, zonas para hacer deporte, un edificio de aparcamientos en los alrededores, quioscos con las debidas condiciones…

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Fotomontaje de cómo quedará Las Teresitas con el nuevo Plan Especial propuesto por el actual alcalde, José Manuel Bermúdez.

El otro juicio de Las Teresitas: la causa civil

Pero el lío no acaba aquí. La fiscal anticorrupción María Farnés Martínez y la acusación popular -ejercida por el colectivo Justicia y Sociedad- del juicio que se desarrolla estos días de septiembre de 2016 en el Palacio de Justicia de Santa Cruz no son los únicos que piensan que gran parte de los terrenos que compró el Ayuntamiento a Ignacio González y Antonio Plasencia en 2001 ya eran de titularidad municipal. Lo defiende también de forma contundente el actual Gobierno de Santa Cruz y sus técnicos.

Es más, este juicio penal no es el único que está abierto en este momento. Queda pendiente el juicio civil, que se desarrolló durante la última semana de febrero de 2016 y la juez María del Carmen Serran suspendió el 2 de marzo hasta que se resuelva el penal. En este proceso civil, el nuevo Ayuntamiento reclama a los empresarios de Inversiones Las Teresitas (ILT), González y Plasencia, que le devuelvan los 52,2 millones  de euros que le pagó en 2001 más los intereses acumulados, lo que eleva la reclamación a 104 millones de euros.    

Esta causa civil se inicia en octubre de 2011 cuando González y Plasencia presentan una demanda judicial contra el Consistorio en la que les reclaman a la Corporación el pago de 116 millones de euros por la liquidación del contrato de compraventa del frente de playa al quedar anulado por el Tribunal Supremo en 2007. El Consistorio responde con una contrademanda porque entiende que son los empresarios los que deben devolver ese dinero, nunca ser indemnizados, debido a las graves irregularidades de la operación urbanística.

En la defensa del Ayuntamiento son claves unos documentos encontrados por el exletrado Ruymán Torres sobre el convenio de 1967 que reafirmarían que gran parte de las parcelas compradas a ILT  eran desde entonces, como siempre se pensó, del propio Ayuntamiento. Parte de los documentos los encontró Torres en 2013 en un armario cerrado con llave que se encontraba en el despacho del secretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, uno de los acusados en el proceso penal. Este funcionario y otros que trabajan o trabajaron entonces para el Ayuntamiento han confirmado en el proceso penal lo ya dicho en el civil: el Gobierno local  de entonces debía haber reunido toda la documentación que estaba en los archivos municipales antes de tomar una decisión. ¿Logrará la fiscal y la acusación convencer al juez de que hay pruebas irrefutables que demuestran que los acusados se compincharon para que la operación fuera un pelotazo?  ¿El juez entenderá que hubo graves irregularidades pero no observará un plan para las cosas salieran así? ¿O el juez simplemente concluirá que hubo errores administrativos pero ninguna prueba que demuestre los delitos de los que se les acusa? La fiscal pide 8 años de cárcel para Zerolo y Parejo y cuatro para Plasencia, González, Fresco y García Gómez por prevaricación, delito consistente en que una autoridad dicte a sabiendas una resolución injusta, y malversación de caudales públicos, delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos a su cargo.

El confidente y la impunidad

Algunos de los investigadores se siguen preguntando quién estaba detrás de las nueve cartas anónimas que llegaron al TSJC y la Fiscalía dando detalles precisos de los tejemanejes de la operación, de las escandalosas relaciones entre políticos, empresarios y periodistas. Era imposible seguirle el rastro. No había pista alguna en las cartas de su identidad o profesión -aunque por su forma de escribir debía ser un profesional cualificado- y habían sido escritas o bien con ordenador o con una máquina de escribir muy utilizada, imposible de rastrear. Se pensó, por el elevado grado de información que manejaba, que podía ser uno de los muchos abogados que de alguna u otra manera estuvieron relacionados con la playa. El confidente hizo mucho hincapié en que los arquitectos de la operación tenían tal poder, eran personas tan respetadas en la sociedad tinerfeña y que pensaban que tenían tal grado de impunidad, que jamás se les iba a sentar en un banquillo. “Todos estos pensaron que el monte es orégano. Un abrazo”, escribió en una de sus últimas misivas. Diez años después, los 13 principales responsables se sientan en el banquillo del Palacio de Justicia.

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